Sin embargo, un informe reciente determina que la vivienda se ha consolidado como la principal fuente de desigualdad en España, dejando de ser un mecanismo de protección social para convertirse en una "frontera de clase".

En Artículo 7 queremos analizar la realidad de Illes Balears y para ello entrevistamos a Carlos Torrens Trías, secretario general de FSC-CCOO en esta comunidad. 

¿Cuál es la situación de la vivienda en Illes Balears?

En las Illes Balears ya no hablamos de una simple crisis de la vivienda. Lo que estamos viviendo es una auténtica emergencia social y un colapso de nuestro modelo de convivencia. La situación es crítica y, no nos engañemos, supone una violencia económica insostenible para la clase trabajadora. Hoy en día, tener un empleo ya no te garantiza un techo y hemos llegado al extremo de tener trabajadores viviendo en caravanas o pernoctando en el coche. El acceso a la vivienda es, hoy por hoy, el principal factor de pobreza, desigualdad y exclusión en las islas.

El mercado inmobiliario se ha convertido en un terreno hostil y puramente especulativo donde la vivienda ha dejado de ser un derecho constitucional para ser un activo financiero y turístico. Los datos de este 2026 son dramáticos. Los precios siguen marcando máximos históricos, superando ya los 5,200 euros/m² en venta y los 20 euros/m² en el alquiler. Palma ya duplica la media nacional, e Ibiza o Formentera, directamente, están expulsando a sus habitantes.

Sufrimos la tormenta perfecta. A nuestro territorio limitado y al desfase salvaje entre salario y precio de mercado, se le suma una presión turística residencial feroz (casi el 40% de las viviendas en las últimas décadas ha sido adquiridas por extranjeros con un poder infinitamente superior al de la población local).

En definitiva, la vivienda se ha consolidado como la gran frontera de clase en las Illes Balears. Quien puede pagarla, vive; quien no, queda expulsado del territorio. Si los poderes públicos no intervienen de manera drástica e inmediata para regular el mercado y proteger a los residentes, el modelo social y productivo de las islas se volverá completamente inviable.

¿Cómo afecta además la insularidad?

La insularidad es el factor clave que lo cambia todo. No es una simple anécdota geográfica, en las Illes Balears la insularidad actúa como un corsé que multiplica la especulación y asfixia a la clase trabajadora. Hace que nuestro problema de la vivienda sea muchísimo más grave y complejo que en el resto del país.

Para empezar, aquí el suelo tiene un límite físico infranqueable, el mar. A diferencia de otros lugares donde las ciudades pueden crecer hacia la periferia, aquí el terreno es escaso y limitado. Si a esa falta de espacio le sumas una demanda internacional gigantesca, el precio del suelo se dispara. Cualquier vivienda que se construya ya nace con un precio de salida prohibitivo para los salarios de aquí.

Además, vivir en una isla significa que todo, desde los materiales de construcción hasta la cesta de la compra, viene de fuera y cuesta más caro por el transporte. Si combinamos una cesta de la compra carísima con unos alquileres prohibitivos, el poder adquisitivo de nuestros trabajadores se pulveriza en comparación con alguien que gana lo mismo en la península. Y todo esto con una economía volcada en los servicios, con salarios bajos y con una temporalidad brutal.

Al final, la insularidad hace que funcionemos como una burbuja estanca. El capital extranjero y los fondos de inversión compran aquí a precios internacionales y expulsan a la gente de las islas. Y ojo, porque un trabajador de Palma o de Eivissa no tiene la opción de “mudarse a un pueblo a 20 km.”, porque el pueblo de al lado está igual de caro… o ya es el mar.

Por eso, desde CCOO insistimos en que el Gobierno central no puede aplicar las mismas recetas en todas partes. Nuestro territorio necesita políticas de vivienda mucho más fuertes, valientes y específicas que reconozcan nuestra realidad insular. No podemos permitir que las islas mueran de éxito turístico mientras echan a los trabajadores que las sostienen.

El Govern balear acaba de aprobar nuevas medidas fiscales. ¿Qué opina el sindicato de estas medidas? ¿Qué propuestas hace CCOO para tratar de resolver el problema de la vivienda?

Desde la FSC-CCOO de las Illes Balears vemos las medidas fiscales del Govern con un profundo escepticismo. Sinceramente, se equivocan de diagnóstico. El Govern sigue empeñado en su lógica de mercado de “oferta y demanda”, creyendo que la solución es sólo construir más o perdonar/reducir impuestos a los rentistas y a los que ya tienen dinero para ver si así les apetece alquilar más barato. Pero la experiencia demuestra que esto no funciona. En este país se ha construido muchísimo y el acceso a la vivienda sigue sin estar garantizado. Incentivar fiscalmente sin topar los precios es, al final, regalar dinero público a manos privadas.

Aquí no tenemos sólo un problema de falta de casas, también tenemos un problema de uso antisocial de la propiedad. Por mucho que subamos un 4/5% los salarios en convenios, si la vivienda sube por encima del 12%, se convierte en un impuesto invisible que confisca el sueldo de los trabajadores. Si no se intervienen los precios, el problema irá a más y nos quedaremos sin profesionales para cubrir los servicios esenciales.

Por ello, desde CCOO exigimos un giro de 180º con propuestas valientes y estructurales como:

• Declarar zonas tensionadas y topar el precio de alquiler ya que cumplimos de sobra los requisitos de la Ley de Vivienda. Hay que poner freno por ley a las subidas abusivas. Mirar para otro lado es dejar a los pies de los caballos a la ciudadanía.
• Crear un verdadero parque público de alquiler asequible. Apoyamos la compra y reconversión de hoteles obsoletos o infraestructuras en desuso, pero hace falta muchísima más inversión. Además, proponemos crear el FIVA (Fondo de Inversión Público para la Vivienda Asequible) para canalizar el ahorro institucional y financiar la construcción masiva de vivienda protegida.
• Exigimos un control estricto para evitar que las viviendas habituales se desvíen de forma fraudulenta al alquiler turístico o temporal.
• Movilizar la vivienda vacía y aplicar una fiscalidad progresiva. Hay que presionar con incentivos y obligaciones a los grandes tenedores para que saquen sus pisos al mercado. Quien use la vivienda para especular, que pague más impuestos, y quien la necesite para vivir, que pague menos.

En resumen, la solución no es perdonar impuestos a los de siempre. La solución, a nuestro entender, pasa por intervenir precios, prohibir la especulación y crear un parque público potente.

CCOO organiza y participa en las protestas sociales por la vivienda. ¿Cómo se está organizando la gente en Illes Balears? ¿Crees que se está consiguiendo convertir la vivienda en un conflicto político y social?

Totalmente. De hecho, la vivienda ya es, oficialmente, el principal conflicto político y social de nuestra comunidad. Desde CCOO no sólo apoyamos las movilizaciones, sino que formamos parte activa de ellas porque los afectados son nuestra afiliación, son los trabajadores y trabajadoras de estas islas que ven cómo su esfuerzo diario se evapora para pagar un alquiler o una hipoteca. Este es, sin duda, el problema más sangrante para la mayoría social.

La respuesta ciudadana en las Illes Balears está siendo ejemplar y muy transversal. El hartazgo ha superado a los colectivos activistas tradicionales para convertirse en un movimiento masivo. Plataformas como “Menys Turisme, Més Vida” o el “Sindicat de Llogaters”, están haciendo un trabajo brutal para canalizar toda esta indignación.

Y respondiendo a la segunda cuestión, indudablemente romper con el viejo mantra de que la vivienda era un problema individual que dependía de si te esforzabas más o menos. Gracias a la presión en las calles, hoy todo el mundo asume que el mercado inmobiliario actual es un modelo fallido e insostenible. Nadie puede mirar ya hacia otro lado. La vivienda ha pasado de ser un punto secundario en los programas electorales a ser el debate central en el Parlament y en los Consells Insulars. El propio Govern y las patronales, que siempre han rechazado intervenir el mercado, ahora se ven obligados a mover ficha y poner medidas (aunque para nosotros sean insuficientes) porque la presión social les impide seguir como si nada.

El mensaje que lanzamos desde la calle es alto y claro: no vamos a normalizar que se expulse a la clase trabajadora de sus propias islas. La paz social en Illes Balears pasa, sí o sí, por garantizar un techo digno. Si no hay vivienda para quienes trabajan, no habrá futuro para las islas.

Las personas jóvenes están especialmente afectadas por los precios de la vivienda. Incluso un estudio reciente avala la relación entre las dificultades de acceso a la vivienda con un deterioro de la salud mental. ¿Qué medidas propone el sindicato para mejorar la situación de la juventud?

Es que vincular el acceso a la vivienda con la salud mental de la juventud no es sólo lo que dice un estudio, sino constatar una realidad dramática que vemos en la calle todos los días. En Illes Balears, la vivienda ha pasado de ser un derecho a convertirse en la principal fuente de ansiedad, frustración y desarraigo para toda una generación. Ponte en su piel, cuando no puedes independizarte hasta pasados los 35 años, o cuando te dejas el 60/70% de tu sueldo para pagar una simple habitación, se te está privando el derecho a planificar tu vida. Vivir con la incertidumbre de si te van a renovar, sufrir el “desahucio invisible” de una subida abusiva y no tener un espacio propio donde vivir, genera cuadros gravísimos de ansiedad y depresión. La precariedad habitacional está enfermando psicológicamente a nuestros jóvenes.

Para rescatar a nuestra juventud de este bucle, desde CCOO exigimos un plan de choque urgente que combine vivienda pagable y salarios dignos. Esto pasa, en primer lugar, por declarar las islas zona tensionada para topar los precios de alquiler y regular el mercado de habitaciones, que ahora mismo es el “salvaje oeste”. Además, proponemos crear ayudas directas a la emancipación vinculadas a los ingresos reales y controlando que no acaben en el bolsillo de los caseros. También exigimos reservar una cuota específica de vivienda pública para menores de 35 años y, de forma paralela, combatir la precariedad laboral reforzando la FP y mejorando los salarios de entrada en los convenios colectivos, porque sin estabilidad laboral y sueldos justos es imposible garantizar un techo.

No podemos permitir que el éxito turístico de las Illes Balears se construya sobre la salud mental y los hombros rotos de nuestros jóvenes. Si los expulsamos, estamos vaciando de futuro a nuestra comunidad. Defender una vivienda pagable para ellos es, literalmente, defender su salud y garantizar que las Illes Balears tengan futuro.

A pesar de los incrementos salariales en los convenios colectivos, el alto coste de la vivienda provoca que la gente trabajadora pierda poder adquisitivo. Incluso en Illes Balears hemos visto cómo muchas personas viven en caravanas o en infraviviendas porque no pueden pagar un alquiler, a pesar de tener trabajo. ¿Consideras que el alquiler y la inflación se están comiendo todas las mejoras laborales?

Rotundamente, sí. El coste desbocado del alquiler y la especulación inmobiliaria están actuando como un auténtico agujero negro que se devora, una a una, todas las mejoras laborales que conquistamos en las mesas de negociación. Desde el sindicato nos dejamos la piel para arrancar subidas salariales del 3%, 4% o del 5% en los convenios colectivos, peleando cada décima para ganarle el pulso a la inflación general. Pero todo ese esfuerzo de meses se neutraliza en el segundo en el que una persona trabajadora firma un nuevo contrato de alquiler o sufre una actualización abusiva. De nada sirve mejorar los sueldos si la vivienda funciona como un impuesto invisible y confiscatorio que vacía los bolsillos de la clase trabajadora.

Esta desconexión total entre salarios y vivienda ha provocado una realidad que debería avergonzar a los poderes públicos y a las patronales de las islas. Hoy, en Illes Balears, tener un empleo a tiempo completo ya no es garantía de tener una vida digna ni un techo. El fenómeno de personas viviendo en caravanas, furgonetas o infraviviendas no es una anécdota, es la prueba irrefutable de que el mercado ha roto el contrato social y de que nuestro modelo está completamente quebrado.

Hemos normalizado imágenes intolerables. Que las personas que limpian los hoteles, que sirven en los restaurantes, que conducen los autobuses o que atienden los servicios públicos tengan que malvivir en asentamientos provisionales es aberrante. El alquiler se está comiendo el estado del bienestar y el fruto del trabajo de la gente.

Si la patronal balear quiere seguir teniendo mano de obra para sostener su gallina de los huevos de oro (el turismo), debe entender que ya no basta con subir los salarios de forma coyuntural. Tienen que exigir, junto a nosotros y entre otras medidas, una intervención drástica de los precios de la vivienda.

Muchas personas aprueban las oposiciones y consiguen una plaza pero renuncian a algunos destinos, como es el caso de Illes Balears, porque no pueden pagarse un alquiler y el salario no compensa el coste de vivir allí. ¿Cómo afecta todo esto a los servicios públicos?

Como secretario general de FSC-CCOO en Illes, te digo que esta es una de nuestras mayores preocupaciones y nuestra principal voz de alarma. La crisis de la vivienda ya no es solo un drama social, es un factor directo de degradación y desmantelamiento de nuestros servicios públicos esenciales.

Aprobar una oposición tras años de esfuerzo y tener que renunciar a tu plaza fija porque no puedes pagarte un techo donde vivir es una anomalía democrática brutal. Esto nos está llevando a un éxodo de profesionales y a una falta de relevo alarmante. Trabajar en la Administración Pública en nuestra comunidad ha dejado de ser atractivo porque el coste de la vivienda devora, literalmente, el sueldo de entrada de cualquier persona funcionaria.

Y claro, cuando las plazas quedan vacías porque nadie puede permitirse un alquiler en Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera, el trabajo no desaparece, sino que se acumula sobre las espaldas de las empleadas y empleados públicos que ya están aquí. ¿El resultado? Plantillas agotadas, estrés crónico, bajas laborales y un deterioro tremendo de la calidad del servicio que recibe la ciudadanía. La ciudadanía balear paga sus impuestos como todo el mundo, pero recibe servicios mermados por culpa de este mercado inmobiliario salvaje. La vivienda ha precarizado al propio sector público.

Por eso, no me canso de repetir que el plus de insularidad (la indemnización por residencia) está totalmente obsoleto y desfasado. Esta retribución es ridícula y no responde en absoluto a la realidad actual. Desde CCOO exigimos al Gobierno central un incremento urgente de este complemento para equipararlo a Canarias o Ceuta. Si vivir aquí es un 30/40% más caro, el salario público debe compensar esa diferencia. Desde Illes esperamos que este 2026, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, se haga justicia y se aborde el tan ansiado y necesario incremento en la indemnización por residencia. No puede haber servicios públicos de primera con salario que sólo permiten condiciones de vida de tercera. O se garantiza vivienda pública para empleados esenciales y se dignifica el plus de insularidad, o el colapso de lo público en las Illes será total.

Illes Balears es una de las comunidades más ricas, pero muchas personas denuncian que ya no pueden vivir donde trabajan. ¿Puede sostenerse un modelo económico que necesita personas trabajadoras, pero no garantiza que puedan residir en el territorio?

La respuesta es un “no” rotundo. Este modelo económico es un gigante con pies de barro, es estructuralmente insostenible y está abocado al colapso. La comunidad autónoma de las Illes Balears puede liderar año tras año los rankings de crecimiento del PIB o de creación de empleo, pero esa supuesta riqueza es un espejismo macroeconómico si se construye a costa de empobrecer y expulsar a la clase trabajadora. Somos una de las comunidades con peor reparto de la riqueza. Mientras las empresas y el sector turístico baten récords de beneficios, la gente trabajadora tiene cada vez menos poder adquisitivo. Un modelo que depende de las y los trabajadores, pero los expulsa es, sencillamente, un modelo fallido.

Las patronales hoteleras y de servicios se quejan continuamente de que no encuentran personal o de que falta mano de obra cualificada. Lo que tienen que entender de una vez es que en las Illes Balears no faltan personas trabajadoras, lo que faltan son viviendas que la clase trabajadora pueda pagar. Nadie va a mudarse a las islas a dejarse la piel en jornadas extenuantes si el salario no le da ni para una habitación compartida o si tienen que terminar viviendo en una caravana. La codicia inmobiliaria ha terminado por estrangular la viabilidad de las propias empresas.

No podemos separar la crisis de la vivienda del monocultivo turístico y su masificación desbocada. Se ha permitido que un bien de primera necesidad actúe como un activo financiero más para el alquiler vacacional, de temporada o para la venta a inversores internacionales. Al hacer eso, se rompe la cohesión social.

Desde CCOO insistimos en que el éxito de una sociedad no se mide por cuántos millones de turistas nos visitan ni por el incremento del PIB, sino por la capacidad que la clase trabajadora tenga para vivir con dignidad. Si los salarios de aquí no alcanzan para cubrir un techo digno en el territorio donde se generan, el sistema está fracturado.

¿Consideras que la crisis de vivienda está cambiando el contrato social en Illes Balears? ¿Cómo ves el contexto de aquí a un futuro cercano?

Si, de manera inequívoca. La crisis de la vivienda ya ha dinamitado el contrato social en las Illes Balears. El pacto democrático de toda la vida se basa en una promesa muy simple pero muy potente: “si te formas, trabajas, cumples con tus obligaciones y contribuyes con tus impuestos, la sociedad te garantiza una vida digna y estabilidad”. Hoy, esa promesa se ha roto en las islas.

Cuando una persona con un empleo a jornada completa, o un profesional que se ha machacado para aprobar una oposición, se ve abocado a compartir piso a los 40 años, a malvivir en una caravana o a regalarle todo su sueldo a un arrendador, el pacto se quiebra. Lo que se rompe aquí no es solo el acceso a cuatro paredes, se rompe la cohesión social, el arraigo y la confianza en las instituciones. La vivienda se ha convertido en una máquina de generar desigualdad y exclusión, dividiendo el territorio entre unos pocos que viven a todo tren y una mayoría que sobrevive como puede.

Si miramos al futuro cercano, estamos ante una encrucijada histórica. O seguimos en la inacción actual y vamos directos al colapso social, o apostamos por la regulación que defendemos desde CCOO. El futuro no está escrito y la vivienda se ha consolidado como el eje central del debate político, de ahí ya no va a salir. Nos espera un escenario de confrontación democrática muy claro: o se impone el interés general interviniendo los precios, limitando la compra a no residentes y creando vivienda pública, o la sociedad balear colapsará.

Pero ojo, porque este momento también es una oportunidad. La sociedad se está movilizando como nunca y cada vez más sectores entienden que esto no se arregla con parches, sino con políticas estructurales valientes. El futuro dependerá de si somos capaces de convertir esta crisis en un punto de inflexión para forzar a los gobiernos a priorizar los derechos de la mayoría frente a los negocios de unos pocos. Desde CCOO lo tenemos claro, nos estamos jugando el futuro de la clase trabajadora y de los servicios públicos. Vamos a seguir presionando en las mesas de negociación y desbordando las calles porque el contrato social se defiende garantizando que las islas sigan siendo un lugar para vivir y no solo un parque de atracciones para especular.